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Posts Tagged ‘Agentes de la Propiedad Inmobiliaria’

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Madrid, 10 feb (EFE).- Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Apis) pidieron hoy al Gobierno que financie parte del importe de los préstamos hipotecarios que concedan los bancos a los nuevos compradores de vivienda, siempre que la adquieran para su uso o para alquilarla con una renta controlada.

El presidente del Consejo General de los Colegios de la Propiedad Inmobiliaria (Coapis), Santiago Baena, explicó que esta medida iría destinada a evitar la paralización de la concesión de créditos experimentada en 2008, cuando se rechazó la hipoteca a la mitad de los compradores que la pidieron.

Según los datos recopilados por los casi 7.000 agentes colegiados, en algunas zonas como Levante el número de compradores que no pudieron conseguir una hipoteca ascendió al 80 por ciento, debido al “mayor desarrollo urbanístico y a la exposición de las cajas de ahorro de la zona al negocio inmobiliario”.

El presidente de los Coapis pidió también al Gobierno exenciones fiscales en el IVA o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los compradores que adquieran una vivienda, siempre que devuelvan las deducciones al venderla, o que, si optan por alquilarla, reciban una renta controlada.

Asimismo, planteó posibles ayudas del Estado a las inmobiliarias que renuncien a parte de su préstamo al promotor a favor del comprador, que vería reducida su hipoteca.

Baena constató que durante 2008 se deshicieron muchas operaciones de venta al entregarse las promociones por culpa de las entidades de crédito, que no admitieron que los compradores se subrogaran al crédito al promotor.

La restricción de crédito también afectó a las viviendas de segunda mano, ya que tuvieron que deshacerse operaciones de compra ya señalizadas, lo que alargó los plazos de venta a más de un año, frente a los 6 meses de 2007 o el mes y medio de 2006.

Debido a la falta de financiación, el precio de cierre de las ventas de vivienda de segunda mano disminuyó un 20 por ciento en 2008, dato ante el que el consejero de los Coapis Germán Navarro aseguró que “a la vivienda usada ya no le queda mucho recorrido”.

Asimismo consideró que los promotores no podrán rebajar más el precio de las viviendas, dado que preferirán traspasar sus activos a la banca antes que venderlos por debajo del valor del crédito que pidieron para construir los inmuebles.

Fuente: Finanzas.com 10.02

 

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El Gobierno central promueve una reforma de la ley para agilizar los procesos de desahucio, cuya resolución puede tardar hasta un año. Los cambios pretenden hacer más atractivo el mercado del alquiler.

Un millar de vascos con pisos en alquiler recurre cada año a los jueces para desalojar a sus inquilinos, principalmente por el impago de las rentas (ocho de cada diez denuncias). Entre ellos está Jaime, nombre ficticio de un vecino de Tolosa, que tardó un año y medio en recuperar su vivienda después de que su arrendatario le dejara de abonar diez mensualidades. «Cuando no me pagó la primera vez, le di una segunda oportunidad, pensando en que me devolvería el dinero o que sólo estaba pasando una mala racha», cuenta. Pero el voto de confianza no sirvió de nada y no le quedó otro remedio que acudir a los tribunales, donde finalmente le dieron la razón, «pero tardaron mucho», se queja.

A Jaime el truncado episodio le ha bastado para no repetir experiencia. Y su caso no es el único. Miles de vascos se mueven en una tesitura similar: mantienen vacías sus segundas viviendas por el «miedo» a enfrentarse a farragosos procesos judiciales en caso de problemas con inquilinos morosos. Todo un derroche inmobiliario que se han empeñado en controlar las administraciones con diferentes estrategias para hacer más atractivo el alquiler.
A ellas se sumará en breve la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la que el Gobierno central pretende agilizar los procesos de desahucio, entre otras novedades, y así dotar de mayor seguridad jurídica a los propietarios que arrienden sus residencias.
En la actualidad, reconoce el propio Ejecutivo, los procesos judiciales en los que se solicita el desalojo o el abono de rentas impagadas terminan siendo «largos y onerosos para las partes». Lo que se busca es arropar al propietario y, al mismo tiempo, «salvaguardar los derechos de los inquilinos con buena fe», especifica el Gobierno.
El cambio, que fue remitido la pasada semana al Congreso para su posterior debate, se centra en atajar los casos de impago, que suponen el 80% de las denuncias. El texto propuesto prevé que las reclamaciones, que hasta ahora se decidían en juicio ordinario, pasen a celebrarse en juicio verbal, más simple, sencillo y rápido que el anterior. Además, la sentencia de desahucio será suficiente para la ejecución directa del desalojo, que ahora se podía demorar hasta un año. También se acortará de dos a un mes el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador interpone un requerimiento al inquilino por el impago de la renta y la presentación de la demanda.
El aval como garantía
La reforma la esperan con los brazos abiertos en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (API). «Hasta ahora estábamos algo desprotegidos por la lentitud de los desahucios», asegura Genaro Kortajarena, presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria de Gipuzkoa. Ávidos de una ley más proteccionista, los arrendadores se las han ingeniado para blindar al máximo los contratos. Al importe de una fianza legalmente exigible -una o dos mensualidades de renta- se ha sumado la petición de un aval bancario que asegura al propietario el cobro de la renta. «Es la garantía más eficaz a estos efectos y su obtención implica que, en caso de impago, el dueño podrá dirigirse a la entidad bancaria para que ésta abone la cantidad avalada en los términos convenidos», explica el abogado Pablo Jiménez, de ALT Asesores, que colabora con los colegiados guipuzcoanos.
«Legalmente casi cualquier tipo de cláusula está permitida, siempre y cuando la admita el inquilino que ha firmado el contrato», explica el abogado de la asociación, Iñaki Velasco, que es más partidario de solicitar el aval bancario «sólo en situaciones excepcionales» porque en general, dice, la fianza adelantada resulta suficiente para amarrar al inquilino.
Las controversias suelen surgir por una «evidente falta de información», apunta Navascués. «Tanto inquilino como propietario desconocen sus derechos y obligaciones -añade-; y si están más o menos el corriente, a menudo tienen un conocimiento parcial y hacen interpretaciones muy particulares, como no devolver la fianza alegando cualquier excusa, o no cumplir con los plazos que marca la ley sobre el tiempo del alquiler».
De las dudas y preguntas que puedan surgir a la hora de firmar un contrato de arrendamiento saben mucho en Bizilagun, el servicio -gratuito- que puso en marcha hace dos años el Gobierno Vasco para, entre otras funciones, mediar entre propietario e inquilino. Sólo en Gipuzkoa reciben al mes 500 reclamaciones que son atendidas personalmente por los abogados y otras 2.000 llamadas telefónicas de consulta. Ricardo Ortega, responsable de la oficina de Donostia, resalta de entre el balance de este año los 75 conflictos resueltos a través de la mediación, una alternativa a la vía judicial en la que basta la buena voluntad de las partes para resolver un conflicto inmobiliario que, de llegar a un juicio, se tornaría mucho más largo y costoso.
Fuente: Diario Vasco

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La patronal sevillana de la construcción y la promoción inmobiliaria, Gaesco, los colegios oficiales de Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Industriales, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, además de los Administradores de Fincas y los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria constituyeron ayer en Sevilla la mesa de la construcción con el objetivo de estudiar y proponer ideas y soluciones imaginativas para hacer frente a la crisis generalizada del sector.

Según los representantes de este foro, la idea nace tras el acuerdo de todas estas instituciones de “asumir su responsabilidad, y contribuir a encontrar soluciones desde la óptica de la experiencia y la cualificación profesional”, que ayuden a la sociedad sevillana. “No pretende actuar de grupo de presión política e ideológica sino desde el plano profesional”, agregó Miguel Rus, presidente de Gaesco, que durante los primeros seis meses presidirá también la mesa.

En la reunión de constitución, los integrantes de la mesa han elaborado una serie de propuestas de trabajo y un calendario de reuniones para realizar propuestas concretas a los poderes públicos. En total son nueve apartados que incluyen: la elaboración de nuevos modelos de vivienda, de acuerdo con las demandas de la sociedad sevillana y la necesidad de flexibilizar los criterios de construcción en el caso de las VPO. La propuesta de nuevas fórmulas para agilizar los trámites administrativos en la construcción de viviendas y en la planificación de suelos, que permitan abaratar los costes finales de las viviendas.

Un análisis de los diferentes aspectos que introduce la nueva Ley del Suelo y la Vivienda de Andalucía, así como del Plan municipal de la Vivienda y Suelo de Sevilla, y de la situación de los sistemas generales de abastecimiento y urbanización de Sevilla

Propuestas para la promoción de viviendas en alquiler en sevilla, ayudas a la rehabilitación de inmuebles.

Asimismo, se ha encargado un estudio del Código Técnico de la Edificación, y las posibilidades de amortiguar su impacto en el precio de las viviendas. Igualmente, la concreción de los costes para el desarrollo de los suelos destinados a vivienda protegida.

Finalmente, se ha planteado un estudio para plantear propuestas de planificación y ejecución de infraestructuras para mejorar la accesibilidad y movilidad de la ciudad, así como del desarrollo de los sistemas generales previstos en los planes generales de Sevilla y su entorno.

Fuente: Elpais.es 16.12.2008

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